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DENUNCIAS SOBRE PINCHAZOS EN ANTEL. Proceso Dictatorial. Democracia Tutelada. parte IV

Foto del escritor: Agrupación 19 de octubreAgrupación 19 de octubre

La larga herencia de la dictadura.

Una nota informativa publicada en el matutino El Observador el día 9 de los corrientes da cuenta de la preocupación de las autoridades de Antel con relación a la desaparición de los sumarios sobre escuchas telefónicas sustanciados por el Ente a partir del año 1985.

De acuerdo con las declaraciones del vicepresidente del organismo, Edgardo Carvalho, “el Directorio de Antel reabrió una investigación para determinar qué sucedió con los sumarios administrativos iniciados a varios funcionarios del ente que, según se comprobó, tuvieron responsabilidad en escuchas telefónicas ilegales realizadas a ciudadanos uruguayos durante la dictadura (1973-1985), y cuyos informes “desaparecieron misteriosamente” luego de haber sido enviados al Ministerio de Defensa en 1987″.

Las investigaciones administrativas que culminaron sus procesos determinaron la realización de sumarios por intervenciones telefónicas ilegales.

Una vez culminada la investigación, el expediente fue elevado al Ministerio de Defensa, que en ese entonces encabezaba el teniente general retirado Hugo Medina, y “nunca más se supo de él”, dijo Carvalho, quien cree que el extravío “no fue casual”.

La nota periodística agrega que “una fuente de Antel señaló que el documento, identificado con el número 101/139/85 de Investigación Administrativa 1-13/85, fue entregado al entonces subsecretario de Defensa, José Robaina Ansó, el 6 de octubre de 1987. En una nota oficial con la firma del entonces vicepresidente del ente, Miguel Vieytes, se solicitó a Medina que informe al Directorio de Antel ‘del estado de situación del referido expediente’. La respuesta nunca llegó”.

Veinte años después de la intervención del general Medina, la sociedad uruguaya retoma su interés por conocer la trama de las investigaciones ilegales sustanciadas durante la dictadura y continuadas en democracia.

El retraso es significativo. Indica hasta qué punto siguieron siendo poderosas en el marco institucional de la democracia las fuerzas que sustentaron el estado totalitario forjado durante la dictadura.

Las investigaciones legales, jurídica e institucionalmente legítimas, fueron interrumpidas por resoluciones de facto de un militar que revistaba como ministro de Defensa con respaldo del Ejército. Es decir, las pautas del poder de facto siguieron prevaleciendo para impedir que se conociera la verdad y para sancionar a los funcionarios que cometían delitos contra los derechos de las personas.

Resulta significativo también el hecho de que el Ministerio de Defensa se haya convertido en los años que siguieron a la dictadura en una barrera infranqueable para la sociedad. Ni la Jjusticia penal ni los obrados administrativos de Antel lograron atravesar las barreras de una situación de hecho, de un acto de prepotencia y encubrimiento militar que ha impedido hasta ahora conocer la verdad y sancionar a los responsables, tanto de la desaparición de personas, el robo de niños y la alteración de su identidad y el asesinato de presos y de personalidades políticas, como del tejido de las redes de espionaje que se ciñeron sobre la sociedad uruguaya durante la larga noche de la dictadura.

Veinte años después, las instituciones de la democracia vuelven por sus fueros y su competencia. Es de esperar que ahora, nada ni nadie se interponga en el procesamiento legal de las irregularidades denunciadas. Será un paso más en la insoslayable tarea de profundizar la democracia. *

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