El verdadero golpe privatizador se planificó en los años 90´, la época de auge del pasado ciclo neoliberal en Uruguay, fundamentalmente en tiempos liderados por el herrerismo del Partido Nacional, y que hoy está comandando otra coalición de gobierno.
En 1990-94 el padre del actual presidente, Luis Alberto Lacalle Herrera, inmediatamente que ganó las elecciones nacionales, envió al Parlamento todo un Complejo proyecto de Privatizaciones a través de lo que se constituyó como la ley 16.211 de octubre de 1991.
Dicho proyecto de ley propuso la eliminación de los monopolios, como los seguros en poder del BSE (Banco de Seguros del Estado, creado en 1911) , la fabricación de alcoholes de ANCAP, la eliminación del ILPE, y anticipaba la asociación con capitales privados, autorizando para ello a los directivos de ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones de 1974), PLUNA (Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea fundada en 1936) y la ANP (Administración Nacional de Puertos de 1916).
La ANP, más adelante a través de otra ley, es efectivamente sacada de su ámbito casi monopólico en la administración de los puertos del país, y a través de un régimen libre, “se subasta” el Puerto de Montevideo comienza a funcionar de otra manera.
El presidente Lacalle en aquella época (90) decía en un discurso, dónde ya había perdido los estribos: dado la ola ¨PRIVATIZADORA a escala planetaria:
“¡Que se termine el monopolio del Banco de Seguros para que los seguros sean más baratos! (…)
. Que se termine con el monopolio de alcoholes que impide a las agroindustrias primarias la elaboración del alcohol, que se enajenen aquellos entes autónomos que están mejor en manos privadas.
Vamos a decir claramente que ‘El Espinillar’ tendrá que pasar a manos privadas, tendrá que privatizarse Pluna, Antel, tendremos que librar al Estado de las cosas que hace mal.” (1990).
Entonces existía una concertación dentro de la derecha, muy similar a la de hoy, con la salvedad de no contaba con un partido político militar constituido y con representación parlamentaria en ambas cámaras, la Ley 16.211 fue presentada y fue aprobada en 1991.
Inmediatamente el gobierno comenzó a poner en práctica su plan privatizador: se liquidó ILPE, el grupo francés GASEBA se quedó con la Cía del Gas, se concesionaron servicios de Agua Potable y de saneamiento en Maldonado, y en el Aeropuerto de Carrasco los servicios de apoyo en tierra a las aeronaves.
En forma paralela corría la aprobación de la ley 16.246, denominada Ley de Puertos, que creó el Régimen de Puerto Libre (libre circulación de mercancías) que generó un marco de libre competencia para la actividad portuaria, hasta entonces ejercida por la Administración Nacional de Puertos.
PLUNA va a ser otro de los entes privatizados, finalmente allí hubo una asociación con VARIG, y en la actualidad desaparecida en periodo progresista.
Después de otras experiencias asociativas, estos procesos tampoco terminaron bien, en realidad ninguna de las privatizaciones de aquella época terminó bien.
¿Qué fue lo que quedó de toda aquella ofensiva privatizadora? Como decíamos; hubo una ley para el puerto, donde se declaró el régimen de puerto libre, de libre circulación de mercancía, la Administración Nacional de Puertos se retira de la gestión prácticamente monopólica que tenía. Y ahí generó un marco de libre competencia de los que ofertaban los servicios en el puerto.
Y la desmonopolización del Banco de Seguros.
Es que a fines de 1991 comienza la verdadera oposición al plan privatizador, la iniciativa popular que hizo la diferencia con respecto a las restantes experiencias del continente.
La campaña para derogar cinco artículos de la Ley de Empresas Públicas comenzó el 20 de diciembre de 1991, el día que se conformó la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional y Reforma del Estado, siendo el 26 de marzo de 1992 cuando se presentan las autoridades anteriormente mencionadas ante la Corte Electoral e informan que se interpondrá el recurso para llamar a Referéndum.
En un acto realizado en el Palacio Legislativo, personalidades de diversos sectores políticos y el PIT-CNT – SUTEL nos unimos para iniciar la recolección de firmas que permitiría llevar a referéndum los artículos de la norma privatizadora.
La fuerza progresista, parte de sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado adhieren detrás de la iniciativa del Sindicato de trabajadores de ANTEL, del PIT-CNT y las organizaciones sociales y se conforma la denominada Comisión de Defensa del Patrimonio y Reforma del Estado, que propuso llevar a referéndum cinco de los artículos de la ley: 1,2,3,10 y 32, donde lo más importante era solos los referidos a la defensa de ANTEL.
Hubo 2 iniciativa populares (Parcial/Total) y tuvo tres instancias de consultas, una muy magra participación el 5 julio 1992, en ambas papeletas (blanca por los 5 artículos y rosada por la derogación Total) otra el 1 de octubre 1992 donde se supera el 25% para que se convoque a Referéndum solo la papeleta Blanca, NO así la Papeleta Rosada.
Estos cinco artículos anteriormente mencionados, preveían fundamentalmente asociaciones con privados, cristalizado el referéndum del 13 de diciembre 1992, fueron derogados, lo que implicó una marcha atrás rabiosa de las principales intenciones privatizadoras de aquel gobierno de coalición del Partido Nacional, y a su vez una respuesta mundial sobre el empoderamiento del Pueblo Uruguayo en la defensa de ANTEL Empresa Pública, demostrando en décadas que lo mejor que tiene, es eso, que es PUBLICA.
Con un 71.57% de votos a favor los uruguayos derogamos los artículos 1, 2, 3, 10 y 32 de la Ley Nº 16.211, denominada Ley de Empresas Públicas. El Sí triunfó en todos los departamentos del país.
De un total de 1.801.516 votos válidos, 1.289.503 (71.57%) ciudadanos se pronunciaron por el Sí, mientras que únicamente 489.847 (27.19%) votaron por el No. Hubo 22.136 votos en blanco (1.22%), 107.888 observados y 36.760 anulados.
El triunfo del Sí fue inapelable y llegó a superar el 80% en algunas localidades como Juan Lacaze- Colonia. A las 21.oo horas del domingo 13 de diciembre del 92, Lacalle ya había reconocía públicamente su derrota.
En su declaración final, la Comisión pro Referéndum planteaba que los artículos que finalmente fueron derogados habilitaban "un desmantelamiento indiscriminado y discrecional de las Empresas Públicas en general, y de Antel en particular, cuyas consecuencias para nuestro Uruguay pueden ser devastadoras".
Supo ANTEL a pesar de los personeros de gobierno, navegar desde el llano y en solitario, afrontar los embates del Imperialismo mundial, supo posicionarme en avance tecnológico, cobertura y acceso sea Fijo-Celular-o Datos e Internet. Esto se debió principalmente al grado de pertenencia de su tesoro más valioso, sus trabajadores que supimos estar a la talla de la histórica quijotada y NO defraudamos al Pueblo Oriental quien nos brindó su apoyo.
Hoy 2020, Uruguay tiene otro gobierno “multicolor”, también encabezado por el Herrerismo- Partido Nacional en alianza con el Partido Colorado, Cabildo Abierto (estructura militar), Partido de la Gente y el auto declarado de “centro izquierda” Partido Independiente, en lo nacional y se le incorpora otra fuerza política a dicha alianza en lo "capitalino" el Partido Ecologista, que le dan una impronta al tema de las privatizaciones, recortes en políticas sociales, económicas, habitacionales, sanitarias, de beneficios a la clase obrera-jubilados, pensionistas , en definitiva perdidas en conquistas obtenidas en el campo de las movilizaciones, de corte neoliberal.
En su accionar, propone un nuevo plan privatizador en el marco de una extensa nefasta ley que se presenta bajo el régimen de Urgente Consideración (LUC).
El articulado principal presentado en la LUC perpetuo lo que llaman la Portabilidad Numérica en lo que respeta a ANTEL, otros artículos que luego fueron retirados por ser repetitivos, para tratarse en ley aparte presentada (Modificación de ley de Medios), por falta de acuerdos en la misma coalición multicolor, como el referido a la refinería e importación de combustibles por parte de ANCAP, como también lo referente a ANTEL, plataforma de streaming, acceso a las redes de transponte y transmisiones a terceros, usufructuando la llamada Fibra Óptica para que sea comercializados sus productos.
Calco prácticamente de lo mismo que intentó aprobar el gobierno divertido de Jorge Batlle en el año 2002-2003.
Es indudable que la organización y movilización popular juega un papel decisorio en estos casos, muy particular del Uruguay, en el cual no avanzaron las privatizaciones como si se hicieron en el resto del continente.
Vimos como desde la dictadura, pasando por el período neoliberal de los ’90, hasta la coyuntura actual, pese a las condiciones favorables el objetivo privatizador TOTAL no se consolidó en Uruguay, este fue parcialmente aplicado por todos los gobiernos pos dictadura.
Ya la Corte Electoral cotejo las 797.284 firmas presentadas el 8 de julio 2021, e informo el 8 diciembre 2021 hora 15.31 que se alcanzo el 25% de las firmas del Padrón Electoral habilitados 671.544, que habilita el llamado a Referéndum, cesando las tarea de control de firmas cotejadas y validadas en 671.631 un (25,003%).
También fijo fecha para celebrar el mismo, será el domingo 27 de marzo 2022 , como también resolvió el color de la papeletas, ROSADA para el SI que deroga los 135 artículos mas nefastos de la LUC, y color celeste para el No que mantiene en su totalidad la ley Urgente Consideración.
En este tiempo, habremos de convencer al Pueblo Oriental de lo perjudicial que seria mantener la LUC en su totalidad. Habrá que redoblar esfuerzos y brindar el máximo de información, sin descartar ninguna herramienta posible que nos permita llegar a todos los rincones del pais.
pd/ te brindamos un enlace donde podrás acceder a toda la información sobre la LUC, comparada entre lo anterior lo que fue sancionado y hoy intentamos derogar. https://resistencia.uy
Como cerramos siempre, un fuerte abrazo a los compañeros, SI se puede!!!
UNIDAD para LUCHAR - VENCEREMOS NUEVAMENTE
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