COMPROMISOS CON EL FMI.
- Agrupación 19 de octubre
- 30 ene 2020
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08 de marzo de 2002, 00:03hs
Sutel pedirá al Parlamento "juicio político" a Bensión
Integrantes de la Mesa Ejecutiva del Sindicato Unico de Telecomunicaciones (Sutel) señalaron su preocupación por el documento del Banco Mundial difundido por LA REPUBLICA el domingo pasado, y anunciaron que reclamarán al Parlamento nacional la instrumentación de un “juicio político” contra el ministro de Economía, Alberto Bensión.
Los dirigentes gremiales Julio González, Roberto Recuero y Francisco García adelantaron que plantearán ante el Congreso Nacional de Delegados de Sutel, que se realizará el próximo 15 de marzo, la aprobación de una moción para que se eleve una denuncia al Parlamento, que debe “tomar cartas” en un tema que consideran “violatorio de la soberanía nacional”.
El “ayuda memoria”
“Se están concretando aspectos de una ley de desmonopolización de Antel que el pueblo, con sus firmas, ya ha demostrado su intención de derogar en un plebiscito. En todo esto que se está haciendo deberá darse marcha atrás, con las implicancias económicas y políticas que eso generará a Uruguay”, dijeron.
Los voceros gremiales indicaron que la concesión de dos frecuencias en telecomunicaciones a empresas privadas y la desmonopolización del mercado de telefonía de larga distancia internacional, que se imponen en el informe del Banco Mundial divulgado por LA REPUBLICA, reflejan el punto 13 de la Carta Intención que Uruguay firmó con el Fondo Monetario Internacional el año pasado.
“Lo que muestra este documento del Banco Mundial es cómo a espaldas de Antel y la población se están concretando los contenidos del compromiso asumido por el presidente Jorge Batlle y el ministro Alberto Bensión” ante el organismo crediticio internacional, explicaron.
El documento del Banco Mundial, elaborado por el consultor Eloy Vidal luego de tres días de reuniones con jerarcas de la Oficina de Planeamientos y Presupuesto (OPP) y de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), sostenía que sólo debía otorgarse otra banda para telefonía celular y que Ancel debía ser una empresa independiente de Antel.
En uno de los puntos más polémicos del “ayuda memoria” se establecía que en la apertura de la telefonía de larga distancia, si Antel quedaba con el 50% del mercado perdería 47 millones de dólares anuales y debería incrementar sus tarifas nacionales un trece por ciento y si sólo conservaba un 33 por ciento, las pérdidas serían de 63 millones y las tarifas tendrían que subir un 17 por ciento “para compensar la disminución de ingresos”.
La yeta del FMI
El punto 13 de la Carta Intención con el FMI suscrita un año atrás señala que “el gobierno se ha esforzado más allá en la agenda de reforma” con una serie de medidas que incluyen la desregularización del mercado laboral, la liberación del mercado de seguros, concesiones en mantenimiento y manejo de rutas, trenes y puertos.
Agrega que el gobierno se comprometió a “la concesión de dos frecuencias de telecomunicaciones a firmas del sector privado”, a la concesión de “servicios en el Aeropuerto Internacional de Carrasco”, y a “la desmonopolización del mercado de telefonía de larga distancia”.
“Para complementar la liberalización de la importación y refinería de petróleo crudo, agrega, antes de fin de año, el gobierno presentará al Parlamento un proyecto para liberalizar la importación de los derivados del petróleo”, anticipaba el compromiso.
En la carta intención firmada por Batlle y Bensión se indica que las “reformas estructurales son esenciales para mejorar condiciones de subsidio en la economía y para ayudar al arranque del crecimiento productivo”.
El documento elogia el “esfuerzo” del gobierno hacia “la desregulación y una apropiada regulación antimonopolio donde fuera necesario para fomentar la inversión del sector privado en los mercados competitivos”.
“Uruguay tiene potencial económico sustancial para atraer la inversión extranjera directa y para extender proyectos de concesión de capitales al sector privado”, dice el documento, que también recomienda la asociación de Ancap con privados y destaca la concesión de la playa de contenedores del puerto de Montevideo. *
Link: Diario La Republica
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