El PS y Sutel presentaron sendos recursos de amparo y el PIT-CNT convocó a movilizarse .

El senador socialista Reinaldo Gargano y el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) presentaron ayer, cada uno por su lado, sendos recursos de amparo ante la jueza de lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno Rossina Rossi contra la decisión del Poder Ejecutivo que pretende realizar en el día de mañana una subasta pública a efectos de proceder a la adjudicación de bandas para servicios de telefonía celular, que por ley, se encuentran restringidas a la actividad de Antel.

La izquierda y el sindicato de Antel aseguran que el Gobierno desconoce la derogación de dos artículos del presupuesto que autorizaban al ente a asociarse con privados en ciertas áreas.

La posición del sindicato ya fue remitida al presidente Jorge Batlle a través de un telegrama colacionado. Sutel entiende que la subasta es ilegal e inconstitucional porque tras la derogación de los artículos 612 y 613 del Presupuesto, Antel mantiene el monopolio y debe ser quien fije las políticas.

También se opuso a la subasta, en las condiciones en que se llevaría a cabo en la actualidad, el director nacionalista de Antel, Oscar González Alvarez.

En tanto, ayer el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en forma unánime resolvió su más enérgico rechazo “a esta nueva intención de entrega del patrimonio nacional”; y exige al Poder Ejecutivo se respete la voluntad del “soberano expresada en los referéndums del 13 de diciembre de 1992 y en las más de 701 mil firmas del año 2001″.

La central obrera convocó al conjunto de los trabajadores a participar activamente en la concentración que se realizará mañana a la hora 10 frente a la Ursec, ubicada en Uruguay y Río Branco.

Sutel en su recurso, afirma que el llamado a la licitación pública revista una clara ilegalidad, ya que a partir de la aprobación del decreto-ley Nº 14.235, se retornó al régimen de monopolio absoluto del Estado sobre las telecomunicaciones.

Se argumenta que el monopolio de las telecomunicaciones pertenece en exclusividad a Antel, “por lo que habría una empresa que se encontraría actuando ilegalmente, y percibiendo beneficios que corresponden a la institución estatal… La referida empresa arrienda una banda de Antel para su gestión” .

El documento señala que la actuación en contra de las normas de jerarquía superior, “implica violación de las normas, la inactividad, omisión en el cumplimiento de los deberes públicos”.

Enfatiza que toda habilitación otorgada por acto administrativo en otro marco legal, “hoy quedan automáticamente caducas, puesto que el principio de jerarquía impone la preeminencia de la ley sobre todo acto administrativo”.

Finalmente, Sutel solicita a la Justicia se disponga como medida cautelar la suspensión de la licitación dispuesta para el día 13 de mayo. En definitiva, “se falle ordenando al Poder Ejecutivo a que procesa a la cancelación de la licitación dispuesta a tales efectos.”.

En su argumentación, Gargano expresó que “el monopolio de las telecomunicaciones corresponde en exclusividad a Antel” y agregó que “cualquier habilitación que se pudiere otorgar por un acto de corte administrativo, sin respetar la normativa vigente, resultaría automáticamente ilegal”.

Por otro lado, afirmó que la subasta pública significa un “claro olvido de voluntad de la ciudadanía, expresada mediante las urnas que, por otro lado, viene a poner en riesgo, indubitablemente, la fuente de trabajo del funcionariado de Antel, y que, además, puede trasuntarse en una responsabilidad para el Estado”. También argumentó que la licitación pública “deviene un acto en clara violación a lo establecido por la normativa legal vigente” y “en franca colisión con el monopolio que, en esta material de telecomunicaciones, posee el mencionado ente estatal”.

Para el senador socialista, el Poder Ejecutivo “se está apurando” antes de finalizar su mandato.

Gargano sostuvo que “es una barbaridad hacerlo a sólo cinco meses de terminar el mandato otorgado por la ciudadanía.

Están apurados vendiendo aeropuertos, carreteras, puertos, todo rápidamente antes de que se termine el proceso electoral el 31 de octubre. Estamos hablando de cosas muy serias”.

Gargano insistió con que la subasta es “inconstitucional” y advirtió que si se realiza la operación y la izquierda llega al gobierno, “hará el trámite para su anulación”. *