En periodo 2015-2020 , se propuso desde la bancada de Unidad Popular, la quita de 2 subsidios como señal de apoyo a la Salud (remodelación de Hospital de CLINICAS y asegurar el financiamiento del acceso a los medicamentos caros.
Se propuso desde el ámbito parlamentario Diputados por Eduardo Rubio y desde la multipartidaria que estudiaba el tema del “Consumo problemático del Alcohol” el 1er. suplente del legislador Julio Gonzalez, la quita de 2 subsidios por parte del Estado, uno referente a las carreras de caballos y a los juegos de azar, de14. Millones de dólares, hay en Uruguay 40.000 casos que padecen Ludopatías, el otro era referente al subsidio a la cerveza de16. Millones de dólares, en cual hay en promedio un 8.9% de la población con problemas con el Alcohol, entiéndase que no es tomarse una checha helada, y lo mas preocupante, el inicio a la ingesta de Alcohol se produce a los 12-13 años de edad.
Solo prospero el referente al subsidio del Alcohol y en forma parcial, igual dio para iniciar las obras en el Hospital Manuel Quintela, y no apelar a la medida que proponía Economía de esa fecha, que era modalidad de financiamiento por aplicación (P.P.P) Participación Publico Privado, que no es más que un mayor aumento solapado de PRIVATIZACION y Endeudamiento Externo.
En este momento (octubre 2020) en Senado se discute la ley de presupuesto 2020-2025, hay un artículo que mata esta iniciativa y de aprobarse vuelve a sus orígenes, nuevamente, sobresale el subsidio al Alcohol.-
Pero no nos desviaremos de lo central del artículo, y es quienes nos gobiernan?, quienes nos administran?, ya nos hemos referido a Omar Paganini (MIEM), Aramendia (URSEC) y Gurmendez (ANTEL).
En esta oportunidad vamos a vincular al “cuate” del magnate Carlos Slim, aunque no niegue, y su comportamiento desde el ámbito privado en los últimos tiempos.
Hoy nos habla de negocios ruinosos en ANTEL, el de no tener experiencia en el manejo de la plataforma de streaming VERATV, VERA+, de la prohibición que ANTEL compre o elabore contenidos, del despilfarro económico, (dentro de la grilla de canales locales, estatales, internacionales, oppp! hay uno destinado a Maroñas) , el compartir la Red de Acceso de datos e internet con Operadores PRIVADOS y comercializan allí sus productos, mientras Antel continúa con su Red de transporte Fibra Óptica hacia una cobertura total.
No tiene estatura moral, para juzgar a nadie, cuando recibió prebendas del Estado Uruguayo y no se le movió un pelo en años, un compañero de la agrupación “la 19” nos decía, mientras redactamos estas líneas, será que Gabriel Gurmendez usa “Glostora”?.
Veamos, y rememoramos juntos en el tiempo, lo que expresamos anteriormente, a través de articulo del Semanario BRECHA y sea Ud. mismo quien saque conclusiones.
Carreras de caballos y juegos de azar: Se pasó de una norma que prohibía expresamente al Estado asumir la “realización, financiación o sostenimiento en forma alguna del juego de apuestas sobre resultados de carreras de caballos” (ley presupuestal 17.006, de 1998), en el 2do. Gobierno de Julio María Sanguinetti, a otra que, desde 2013, 2do. Gobierno (José Mujica) del Frente Amplio , que consagró que el Estado destine unos 11 millones de dólares anuales –derivados de la recaudación en cinco salas de slots– al “premio hípico” de las carreras de caballos.
La hípica estaba en su ocaso a inicios de este milenio, pero el gobierno de Jorge Batlle la reflotó con base en subsidios estatales. Para el salvataje se dispuso que un consorcio multinacional se quedara con un porcentaje importante de la recaudación de las salas de tragamonedas, a cambio de que los caballos volvieran a correr por las pistas de Maroñas.
En los gobiernos del Frente Amplio se incrementó el apoyo y la promoción estatal del turf, derivándole a la concesionaria, Hípica Rioplatense, un porcentaje mayor de los dineros apostados, lo que se traduce en unos 11 millones de dólares por año.
La postura del Ministerio de Economía en este rubro es muy diferente de la que mantiene frente a otros sectores en los que las cuentas tampoco cierran. En medio de discusiones sobre recortes y subsidios en la educación, los montos que la sociedad destina a la hípica pasan desapercibidos, aunque empiezan a ser mirados de reojo por algunos integrantes del Frente Amplio “pero no pasa más de eso, de ser una mirada de reojo”.
Los nexos entre el turf y la cúpula política están presentes desde el inicio de esta actividad en Uruguay, y llegan hasta el presente. Ya se sabe que variados dirigentes Colorados, Blancos y Frenteamplistas son apasionados de la hípica.
Esta conexión, que tiene su cenit mediático cada 6 de enero, cuando los palcos del Hipódromo de Maroñas se pueblan con una buena porción de representantes de la clase política, está muy presente en la estrategia de Hípica Rioplatense de Uruguay –la empresa adjudicataria de ese hipódromo y desde 2013 del ubicado en Las Piedras–. Es algo, además, que el consorcio conformado por la multinacional española del juego Codere y otros capitales pertenecientes al grupo Liberman saben aprovechar a su favor a la hora de negociar.
Sin embargo, la forma de pararse del Estado ante el sector hípico también ha venido variando: de una posición de controlador de la actividad a una que tiende también a promover y apoyar el turf como “cadena de valor”. Esa promoción se viene fortaleciendo con base en datos y argumentaciones que podrían ser extensibles, por ejemplo, a otros sectores del mundo productivo que superarían al turf en cantidad de puestos de trabajo y en valor agregado (véase recuadro “Una pasión financiada”). Y esa variación es algo que puede analizarse, simplemente, a través de un repaso del cambio en la legislación de los últimos tiempos, en la que se aprueban los estímulos o subsidios.
Se pasó de una norma que prohibía expresamente al Estado asumir la “realización, financiación o sostenimiento en forma alguna del juego de apuestas sobre resultados de carreras de caballos” (ley presupuestal 17.006, de 1998), a otra que, desde 2013, consagró que el Estado destine unos 11 millones de dólares anuales –derivados de la recaudación en cinco salas de slots– al “premio hípico” de las carreras de caballos.
En el medio, esa transferencia desde las arcas públicas hacia la empresa privada había tenido un gran espaldarazo en la ley de presupuesto de 2010, bajo la batuta del ministro de Economía Fernando Lorenzo (Nuevo Espacio). Mediante esa norma madre se habilitó a la Dirección General de Casinos (Dgc) a “promover la actividad hípica a nivel nacional”. Y más recientemente estuvo el intento fallido de introducir en la rendición de cuentas artículos que otorgaban más discrecionalidad a la Dgc en el manejo de fondos.
Los nombres de los políticos de los partidos tradicionales con una pasión más confesa por el llamado “deporte de los reyes” son harto conocidos: Jorge Batlle y José Amorín Batlle (ambos colorados) o Jorge Larrañaga y Francisco Gallinal (ambos blancos). Sin embargo, otro apasionado por los pura sangre es el senador frenteamplista Rafael Michelini, quien continúa en este aspecto la afición de su padre, Zelmar (véase artículo de Marcos Rey).
Precisamente, Michelini y otros dirigentes de su sector, el Nuevo Espacio, son quienes en filas del gobierno se han puesto al hombro en los últimos años el fomento del turf y la defensa hermética de los apoyos y subsidios estatales a la actividad. El cerrado apoyo se ha plasmado como en círculos concéntricos.
Tanto desde el Parlamento, con la punta de lanza del senador nuevoespacista, como con la gestión del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo durante el gobierno de José Mujica. O más recientemente, con las argumentaciones del subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Y antes y ahora con la impronta del controvertido director general de Casinos, Javier Cha, quien es brazo ejecutor en la Dgc desde 2010. Ellos han sido bastiones del apoyo a la “industria” hípica, incluso dentro de su propio partido.
El principal argumento que manejan en sus discursos son los miles de puestos de trabajo generados para una mano de obra que no podría ocuparse en otra cosa, pero también lisa y llanamente la “pasión” que despierta el turf, su carga simbólica, su aporte a la identidad nacional.
Rafael Michelini comentó a Brecha que la hípica, al igual que otros deportes, “genera pasión en miles de personas”. Esta es una realidad “que la izquierda desconoce” y “que no debería ser así”, amplió luego, con tono quejoso. Y luego abundó en otros argumentos sabidos: el dinero del subsidio al turf “termina en los peones y jockeys”; y el Frente Amplio –“sobre todo Cha”– ha generado una “cultura de la formalización” en el sector. Por eso se manifestó contrario a reducir el dinero que el Estado vuelca al negocio hípico: “Ir para atrás con eso es un error en el entendimiento de esta pasión”.
Es cierto que hay algunos miles de puestos de trabajo que actualmente se mueven alrededor de esta actividad, que ha sido y es deficitaria, de acuerdo a los números obtenidos por Brecha. Pero el famoso número mágico de 50 mil puestos laborales directos e indirectos mencionado una y otra vez en público por Hípica Rioplatense y Cha no ha sido objeto de nuevas actualizaciones y es relativizado desde dentro del sector. Incluso una fuente vinculada a la empresa admitió a Brecha que ese es un número muy inflado y difícil de justificar, casi hecho a medida.
LAS PIEDRAS PRECIOSAS. Pero el principal hito de los últimos años en la suma de beneficios que recibe Hípica Rioplatense fue el nuevo acuerdo que el Estado firmó con esa empresa en 2013, por el cual ésta se encarga de la “readecuación”, “mantenimiento” y “actividad turfística” en el hipódromo de Las Piedras, y a cambio recibe beneficios millonarios en recaudación.
Si bien Hípica Rioplatense y Cha habían firmado un acuerdo para que el consorcio internacional se hiciera cargo de manera directa del uso del hipódromo de Las Piedras, en el Mef, Fernando Lorenzo y Pedro Apezteguía lo rechazaron y decidieron que se llamara a una licitación. De todo modos, los pliegos contenían todos los elementos como para que el único oferente que pudiera cumplir con los requerimientos fuera Hípica Rioplatense.
La Intendencia de Canelones destinaba unos 600 mil dólares por año al mantenimiento de este hipódromo –el segundo en importancia en el país–, que tenía escasa competencia.
De acuerdo a los datos recabados por Brecha, en 2015 la recaudación de las cinco salas de slots que Hípica le arrienda al Estado (en Montevideo Shopping, 18 de Julio y Yaguarón, Géant, Pando y Las Piedras) rondó los 115,3 millones de dólares. De ese total el Estado debió resignar unos 45 millones de dólares para destinarlos a la empresa. Además, concedió 11,5 millones de dólares para el denominado “premio hípico” (que se reparte entre los propietarios de caballos), por lo cual la Dgc se quedó con algo menos de 58 millones de dólares. Pero luego de deducir los gastos operativos y por arrendamiento de las salas, Casinos finalmente terminó con apenas 35,5 millones de dólares de los 115,3 millones que inicialmente recaudó.
Mediante el nuevo contrato firmado por Cha en representación del Estado, la Dgc pasó de quedarse con aproximadamente el 60 por ciento de lo recaudado en las cinco salas de slots a recibir sólo 50,8 por ciento (es decir, perdió casi diez puntos porcentuales). Del 40 por ciento que Hípica recibía antes del nuevo acuerdo debía destinar el 5 por ciento del total de la recaudación de los tragamonedas a los premios hípicos. Pero con el último contrato ese costo para financiar los premios lo asumió el Estado, y ahora la empresa recibe 39,2 por ciento de lo recaudado, por lo que pasó a tener 4,2 por ciento más de ganancia por año.
En plata, ese 4,2 por ciento que asumió el Estado por 30 años son unos 5 millones de dólares anuales más para Hípica. Con ello la empresa amortizaría la inversión de 14 millones de dólares que haría en Las Piedras, y bajaría su déficit anual (que tienen todos los hipódromos nacionales) de alrededor de un millón y medio de dólares. Pero con 5 millones de dólares anuales la inversión en Las Piedras se amortizó en los primeros tres años después de su apertura, e incluso se cubrió el déficit (luego de esos tres años, 3,5 millones de dólares quedan libres para Hípica sólo por mantener abierto el establecimiento canario).
Cabe recordar que un informe de la Asesoría Letrada de la Dgc, en ese entonces dirigida por el abogado Fernando Magnífico, cuestionó la “legalidad” y la “constitucionalidad” de este negocio (véase Brecha, 7-VI-13).
El nuevo acuerdo fue celebrado con bombos y platillos en Hípica Rioplatense, que lo consideró un gran triunfo. Para ello jugaron a su favor la premura que tenía Cha y las gestiones que hizo la empresa como concesionaria de Maroñas, al advertir que podía perder hasta el 20 por ciento de la recaudación en las cinco salas de slots por la apertura del Casino Carrasco. En este escenario también había mucha presión de la Intendencia de Canelones, en ese entonces conducida por Marcos Carámbula, por la reapertura del hipódromo. Pero los temores agitados por Hípica no se cumplieron y el daño producido por el nuevo casino (paradójicamente también vinculado a Codere) fue ínfimo.
Así fue que, mediante este contrato, Hípica logró que el subsidio al turf fuera por un porcentaje aun más abultado que el original previsto durante la presidencia de Batlle, y así también se incrementó el dinero que el Estado deriva al privado fruto de las apuestas en tragamonedas.
Otro dato no menor del acuerdo es que implica la extensión a 30 años del contrato inicial de 2002 de la empresa con el Estado por el Hipódromo de Maroñas, ya que el acuerdo por Las Piedras es de 2013, y también por 30 años (queda asimismo atado el funcionamiento del hipódromo canario con el montevideano y las cinco salas de slots). Además, el contrato de 2013 no prevé ningún control o auditoría respecto al destino de los millones de dólares que el Estado vierte al “premio hípico”.
EL PECADO ORIGINAL. En momentos en que los legisladores buscan de dónde obtener recursos para destinarlos a áreas como la educación, algunos diputados pusieron más atención y repararon en el detalle de que el Estado destina el 10 por ciento de las ganancias de las cinco salas de slots a los premios de las carreras de turf. Hubo intención de rever el tema por parte de algunos diputados, entre ellos Daniel Placeres (Mpp), Darío Pérez (Liga Federal) y José Querejeta (711), con la intención de que esos premios volvieran a ser pagados por la empresa, pero hasta ahora eso no se concretó en ninguna iniciativa.
Lo que sí ocurrió, tras las objeciones de varios diputados del FA y de los partidos de la oposición, es que se quitaron del texto de la rendición de cuentas tres artículos referidos a la Dirección General de Casinos, que le otorgaban más discrecionalidad a su director, al discontinuar controles a cargo de otros organismos estatales (como la Opp y la Oficina Nacional de Servicio Civil) y abrir la puerta para que se destinaran más recursos para el turf. La eliminación de los artículos se sumó al planteo de varios legisladores de que se analice poner mayores gravámenes a los juegos de azar (véase recuadro).
Cha no reprimió sus críticas a los diputados frenteamplistas que plantearon recortes a los beneficios de Hípica Rioplatense, que él pretende blindar. “Lamento que compañeros legisladores de mi propia fuerza política no se informen como corresponde ni consulten a los responsables de su propio gobierno antes de difundir iniciativas de muy cuestionable viabilidad. Esas actitudes no contribuyen con la calidad de la propuesta y no aportan a la unidad frenteamplista”, sostuvo. Darío Pérez le contestó tajante en El Observador: “En la vida cada cual elige a quién defender. Cha eligió defender a los dueños de caballos, que son ricos, y yo elijo defender a los pobres”.
El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri (NE), también marcó distancia, al argumentar que la idea de los diputados frenteamplistas “no es viable porque hay contratos firmados” (y también porque “la industria hípica es generadora de mano de obra y es importante”). Brecha intentó, sin éxito, comunicarse con Ferreri para profundizar en su argumentación a favor de los subsidios al turf.
Para Michelini, en tanto, “salir a manotear dinero de cualquier lado es el peor escenario para la izquierda, porque así no damos tranquilidad”.
MATRIMONIO CONVENIENTE. Diferentes actores de la hípica coincidieron en que Cha –si bien por tonos y actitudes genera resistencias– cuenta con la aprobación de la mayor parte del sector hípico, ya que durante su gestión éste se vio beneficiado con más subsidios públicos. “Es un matrimonio por convivencia”, resumió un propietario de caballos.
Eso sí, la mayoría esperaba que con el gobierno de Tabaré Vázquez llegara un nuevo director para la dependencia estatal, puesto que Cha carga con varias denuncias penales en su contra.
Pero el jerarca, después de no lograr su deseo –le había confesado a personas cercanas su intención de acceder a una banca parlamentaria–, se aferró al cargo, con el beneplácito del ministro de Economía, Danilo Astori.
Un ministro del gabinete que prefirió mantener el anonimato confesó a Brecha que a diversas autoridades del Poder Ejecutivo les sorprende que Astori mantenga a Cha al frente de Casinos, y temen que desde ese lugar surja un caso que perjudique la imagen del tercer gobierno frenteamplista.
Como si no faltaran cuestiones delicadas, Cha reconoció en una entrevista con El País TV que posee una cuotaparte de la propiedad de una potranca que compite en Maroñas, pero, con un tono algo altivo, sostuvo que eso no implica una incompatibilidad o dilema ético, si bien es la autoridad del organismo que regula o controla el sector.
En 2012 Emiliano Cotelo (en El Espectador) le preguntó a Cha si el Estado le otorgaba subsidios similares a otros sectores de la actividad. El director contestó que no porque esos otros rubros “tienen segmentos rentables en los que se puede competir y tener rentabilidad, hacer dinero. Acá básicamente no hay muchos agentes que tengan la posibilidad de obtener una gran renta, esto está sostenido básicamente por una gran pasión por el caballo de carrera, que es lo que distingue a Uruguay del resto de los países”.
Cha fue uno de los dirigentes que en diciembre de 2013 organizaron una marcha de apoyo y “desagravio” a Fernando Lorenzo, luego de que el ex ministro fuera procesado sin prisión junto a Fernando Calloia por su intervención en la liquidación de Pluna. Quizás uno de los datos más sugestivos de aquella incursión, desestimado por el propio ministro, es que el director de Casinos parecía poder disponer de las instalaciones de Hípica a su antojo, porque llegó a plantear que el acto se hiciera en las instalaciones de esa empresa. Pero hasta este momento las palancas de los slots y el negocio de la hípica siguen bajo el ritmo de Cha y el respaldo político de Economía.
Ver recuadros del artículo publicado 5 agosto 2016 en Brecha
Ver otro artículo publicado el 4 enero 2017 a Gabriel Gurmendez, donde desde mayo del 2015 es CEO de HRU, cargo que mantuvo hasta llegar nuevamente a la presidencia de ANTEL junio.2020
Cualquiera de las 2 recomendaciones a leer las notas periodisticas, no tiene desperdicio, y desenmascara para quienes trabajan algunos actores políticos, de variados pelos y señas.
Solo la clase obrera y pueblo organizado, salva a la clase !!!
NO a la LUC, NO al proyecto de modificación de la ley de MEDIOS !!!
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